Después de conflictos, quejas y remiendos varios, la Ley del Cine ha sido finalmente aprobada por el Parlamento con un consenso general, significando importantes cambios para la producción y distribución de películas nacionales.
La nueva Ley de Cine inició su largo camino con la ex ministra de Cultura, Carmen Calvo, y luego siguió siendo impulsada por César Antonio Molina como titular del departamento. Rechazada por varios sectores inmediatamente, después de un año de negociaciones, tres enmiendas totales y más de 150 enmiendas parciales (de las 400 presentadas), la Ley tuvo su final feliz.
Salvo la enmienda que cambiaba la definición de qué es un film español, que determinaba que lo era si el 75% de sus trabajadores eran de nacionalidad española, independientemente de su director, las otras cinco rectificaciones propuestas por el Senado fueron incluidas en la Ley por el Pleno de la legislatura.
Las enmiendas incluidas en el trámite parlamentario permitirán la creación de un nuevo fondo para el cine en lenguas cooficiales, un programa de ayudas para el sector de la animación y otro para la renovación tecnológica de las salas, medidas que facilitarían el acceso de los discapacitados al cine y la promoción de salas municipales que proyecten filmes de calidad.
Ya desde su nacimiento, la Ley impone una cuota de pantalla, como medida de protección frente al cine estadounidense, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, pero la medida fue flexibilizada desde su propuesta inicial al contabilizar por sesiones y no por días, y teniendo en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.
Otro de los importantes aportes de la nueva ley es un aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía y la transformación del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) en Agencia Estatal.
Por último, mediante un acuerdo con el Ministerio de Cultura, los Diputados lograron incluir un nuevo artículo que rige la creación, en el 2009, de un fondo específico para el cine en lenguas distintas al castellano, con una dotación máxima de 11 millones de euros anuales, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de cada Comunidad Autónoma con lengua propia.
